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 Juan Carlos Campo Moreno nació el 17 de octubre de 1961 en Osuna (Sevilla). No obstante, desde fecha muy temprana, su biografía se liga estrechamente a Cádiz. En la universidad gaditana estudió la carrera de Derecho y en ella obtuvo el grado de Doctor. También fue en Cádiz donde comenzó su trayectoria como Juez, a la edad de veinticinco años.
Así, tras su ingreso en la Carrera Judicial en septiembre de 1987, ejerció, entre otros destinos, en el Juzgado de Distrito de Sanlúcar de Barrameda y en el Juzgado de Distrito número 2 de Cádiz.
Ya en esta primera época de su trayectoria en la Carrera Judicial, Juan Carlos Campo tuvo la oportunidad de demostrar una fuerte inclinación por la enseñanza y el estudio del Derecho. Fue esa inquietud intelectual, propia de quien sabe que el aprendizaje jurídico no acaba con las oposiciones –y que éstas, más bien, son un paso previo de la verdadera formación como jurista-, la que le llevó a vincularse con la Universidad en la que había estudiado. De este modo, en 1988 comenzó su relación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz y con el Instituto Interuniversitario de Criminología, combinando la exigente labor jurisdiccional con la enseñanza de la asignatura de Derecho Procesal Penal (en los cursos académicos 1988-89 y 1989-1990) e, inmediatamente después, de la asignatura de Derecho Penal, que impartió ininterrumpidamente desde el año 1991 hasta el año 2000, enseñando también en 2001 la materia de Derecho penitenciario.
Sabedor de que una de las mejores recetas para ofrecer a la sociedad una Justicia de calidad es la comunicación entre esos dos mundos jurídicos, el del estudio teórico y el de la práctica forense, en 1993 comenzó a participar en los programas de formación de jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Durante los años 1993 y 1994 fue coordinador provincial de estos planes de formación, pasando en 1995 a asumir la coordinación en Andalucía Occidental y, en los años 1996 y 1997, en toda la Comunidad Autónoma.
Fruto de esa vocación hacia el estudio doctrinal y del convencimiento de la posibilidad de enfocarlo hacia la resolución de los verdaderos problemas de la práctica jurídica, vieron la luz las primeras obras monográficas de Juan Carlos Campo. En el año 1995 publicó en la Editorial General de Derecho la obra Arrepentimiento postldelictual, a la que sucedió dos años más tarde un segundo libro en la misma editorial, bajo el título Represión penal del terrorismo. Una visión jurisprudencial”. De esta época son también numerosas contribuciones en obras colectivas. Por ejemplo, su primera aproximación doctrinal a la teoría de los actos preparatorios punibles, que apareció en la obra colectiva “Autoría y participación” (1995), y su estudio sobre el “iter criminis” en la obra también colectiva de 1995 sobre “Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”, editadas ambas por el Consejo General del Poder judicial. También en esa época publica estudios en revistas especializadas de Derecho penal y Constitucional: sobre el consorcio de compensación de seguros (en la Revista General de Derecho), sobre la atipicidad del autoconsumo en los delitos de tráfico de drogas (trabajo conjunto con Lorenzo del Río Fernández, aparecido en la misma revista) o sobre las Disposiciones Transitorias del nuevo Código penal (en la revista Actualidad Penal).
En estos años, dedicados conjuntamente a impartir Justicia y a estudiar y enseñar el Derecho, sobrevino el ascenso a la categoría de magistrado (1989). Desempeñó primero esta labor en el Juzgado de lo Penal nº 5 de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera, pasando en 1991 a ocupar plaza en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz,
Fue, por tanto, después de más de diez años siendo juez en las salas de vistas y profesor en las aulas, cuando tuvo ocasión de atender a otra de sus vocaciones: la del servicio público, siempre con la perspectiva de contribuir desde cualquier lugar útil al empeño de una Justicia mejor para los ciudadanos. De este modo, en 1997 es nombrado Director General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó hasta el año 2000.
Como previamente había hecho en su etapa como juez y magistrado, Juan Carlos Campo supo conciliar su intensa dedicación a la Administración autonómica con el estudio jurídico, publicando un nuevo libro sobre uno de los temas capitales de la Parte General del Derecho Penal: “Los actos preparatorios punibles”, obra que publicó en el año 2000 la editorial Tirant Lo Blanch. De este tiempo como Director General es también su contribución al libro “Derecho Penal y Psiquiatría Criminal y Forense”, del que escribió el capítulo dedicado a “Las distintas formas de enajenación y alteraciones mentales: su incidencia en la responsabilidad criminal”. También firmó el capítulo sobre “La retroactividad favorable en la aplicación del nuevo Código penal”, en la obra colectiva “Jornadas sobre el nuevo Código penal de 1995” editada por el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Asimismo, en el año 1999, apareció su trabajo denominado “El nuevo Código Penal” en el libro “Memoria del Curso 1994-1995, de la Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes”.
A su paso por la Administración autonómica andaluza siguió una responsabilidad profesional de primer orden para cualquier jurista, singularmente si pertenece a la Carrera Judicial. Entre 2001 y 2008 Juan Carlos Campo fue Vocal del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional encargado del gobierno de este poder del Estado.
También en esta época Juan Carlos Campo retomó su inclinación por el estudio doctrinal del Derecho en una obra monográfica publicada en el año 2005 por Tirant Lo Blanch bajo el título “El Estado autonómico, también en la Justicia”, escrita con la perspectiva privilegiada que su trayectoria como magistrado, vocal del órgano de gobierno de los jueces y conocedor del funcionamiento de la Administración le ofrecía para abordar tan compleja materia. Sobre esta cuestión ha publicado igualmente en la editorial Thomson- Aranzadi la obra “La Justicia ante la reforma de los Estatutos de Autonomía” (2005).
Su responsabilidad como Vocal del Consejo le ha permitido ser exégeta cualificado de las distintas reformas procesales, escribiendo así el capítulo dedicado a “Los Juicios Rápidos” en la obra colectiva de 2003 “Comentarios sobre el procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido e Inmediato de determinados Delitos” (2003) o el correspondiente a la relación entre “Función jurisdiccional y Oficina Judicial” en la obra “Reformas procesales, función jurisdiccional y Oficina Judicial” (2007). También le ha llevado a exponer sus planteamientos sobre el papel de diversas revistas especializadas, entre otros asuntos, sobre “La Eficacia y la Justicia” (Revista La Toga, 2006), o “La formación y el perfeccionamiento de los jueces” (2008).
A lo largo de esta etapa, sus amplios conocimientos, aquilatados durante sus distintos desempeños profesionales, le permitieron cultivar el género del artículo periodístico, escribiendo, en diarios como ABC, EL PAÍS, EL MUNDO o el Diario La Voz, entre otros, sobre cuestiones de actualidad tales como la efectividad de la Justicia, la discutible tendencia a la reforma penal como medio predominante de respuesta a los problemas de la sociedad, la alta responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial o la experiencia práctica de los juicios rápidos. Además, ha escrito sobre temas tan diversos como la Constitución de 1812 o la eutanasia.
Su labor como Vocal del CGPJ le ha proporcionado también una dilatada experiencia en el extranjero, participando como consultor en múltiples congresos y eventos internacionales. Entre los años 2000 y 2003 fue miembro de la Sub-red Judicial Europea. Asimismo, ha sido vocal encargado de las Cumbres de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica y representante de la Secretaría permanente de Encuentros Iberoamericanos de Consejos de la Judicatura. Esta faceta internacional tampoco ha dejado de llevar aparejada importantes contribuciones a su ya prolífica producción jurídico-teórica, como atestiguan publicaciones tales como su contribución a la obra “Constitucionalización del Proceso Penal” (2002), que vio la luz en el seno del Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial en la República Dominicana, y que versó sobre las “medias restrictivas de derechos fundamentales”, o sus diversas aportaciones a la obra colectiva “Semana de la independencia judicial y la confianza e la Justicia”, publicada en Nicaragua (2005)
Ha sido director de numerosos cursos y participado como ponente en incontables cursos, masters, seminarios, mesas redondas y conferencias.
Al término de su mandato como vocal del Consejo General del Poder Judicial, regresó a su puesto de magistrado en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde recibió un particular reconocimiento a su altura como jurista en septiembre del año 2008, al ser designado por el Pleno del Parlamento de Andalucía candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, a proponer por el Senado.
Cuenta con numerosos reconocimientos de variadas y prestigiosas instituciones. Entre ellas cabe destacar la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, con la que se premiaron sus relevantes méritos en la Administración de Justicia y el estudio del Derecho.
Su nombramiento por Real Decreto 260/2009, de 27 de febrero, como Secretario de Estado de Justicia, cargo que actualmente ejerce, ha supuesto el mayor reto profesional de su brillante carrera como jurista y servidor público.
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